Vicegobernadores y vicegobernadoras de la República
Argentina, abajo firmantes nos convocamos con un temario diverso y federal y la
preocupación de promover una reflexión sobre uno de los desafíos que atraviesa
la agenda de nuestros gobiernos provinciales y del gobierno nacional: la
división de poderes y, en ese marco, el rol del Poder Judicial.
La inminencia de un fallo en el juicio que tiene como
principal acusada a la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner configura un hecho de gravedad institucional sobre el cual
corresponde marcar nuestra absoluta desaprobación y desasosiego
institucional.
La división de poderes se encuentra jaqueada por una serie
de factores que conmueven los cimientos de la democracia y lesionan las
virtudes republicanas.
El “activismo judicial”, que se traduce en un alineamiento
más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos,
pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y
garantías de las y los ciudadanos de nuestro territorio.
Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede
funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas,
pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se
verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la
politización de la justicia.
Hemos observado con muchísima preocupación, cómo algunos
funcionarios judiciales han sobrepasado los límites de sus funciones
constitucionales, colocando determinadas políticas públicas bajo su tutela,
involucrándose no sólo en su evaluación sino también en su diseño e inclusive
en su ejecución.
En estos días nos enfrentamos a la posibilidad de que un
tribunal emita un trascendental fallo sin pruebas y ante el absurdo de pensar
que una gestión de gobierno puede ser considerada una “asociación ilícita”.
Tamaño antecedente, que
habilitaría al armado de causas con fines ajenos al Estado de Derecho,
constituye una mordaza que se aplica a las libertades democráticas, tiende al
disciplinamiento de quienes gobiernan y garantiza impunidad a aquellos poderes
cuyos intereses son puestos por delante del bien común. Esto conllevaría
repetir los peores episodios del pasado reciente: la persecución, la
proscripción, la condena sin pruebas y la estigmatización de determinados
espacios políticos que signó a una de las más oscuras etapas de la historia
argentina.
Verónica Magario Vicegobernadora de la Provincia de Buenos
Aires; Carlos Silva Neder Vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero;
Antonio Marocco Vicegobernador de la Provincia de Salta; Florencia Lopez
Vicegobernadora de la Provincia de La Rioja; Alejandra Rodenas Vicegobernadora
de la Provincia de Santa Fe; Ruben Dusso Vicegobernador de la Provincia de
Catamarca; Analia Rach Quiroga Vicegobernadora de la Provincia de Chaco; María
Laura Stratta Vicegobernadora de la Provincia de Entre Ríos; Eber W. Solis
Vicegobernador de la Provincia de Formosa; Mariano Fernández Vicegobernador de
la Provincia de La Pampa; Eugenio Quiroga Vicegobernador de la Provincia de
Santa Cruz; Mónica Urquiza Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego;
Sergio Mansilla Vicegobernador de la Provincia de Tucumán.