Desde el nacimiento de nuestro país, las autonomías provinciales fueron, son y serán la base sobre la que se asienta nuestro sistema democrático, que establece igualdad de derechos para las y los argentinos independientemente del lugar en el que habiten.
Las políticas centralistas han sido siempre de enorme perjuicio para nuestras provincias y, lógicamente, absolutamente discriminatorias para quienes en ellas viven.
Es en ese sentido que afirmamos que, más allá de nuestras pertenencias políticas, estaremos unidos para evitar que cualquier intento de limitación del financiamiento de la obra pública nacional en las jurisdicciones provinciales, así también como sobre los ingresos coparticipables, genere enormes perjuicios para nuestros habitantes.
Es con la presencia del Estado nacional cumpliendo con lo establecido legalmente y sin instrumentar limitaciones, que los gobiernos provinciales mantienen la actividad económica, evitan el desempleo y los conflictos sociales, apuntalan a las Pymes, desarrollan proveedores locales y logran el sostenimiento de beneficios sociales colectivos.
La cooperación entre el Estado Nacional y los Estados Provinciales debe ser fortalecida en vez de ser vulnerada con políticas que pretenden ignorar los desarrollos regionales y la imprescindible integración para afrontar problemas comunes que son de la Argentina toda, no de una u otra provincia.
Es por ello necesario impulsar con más fuerza, en lugar de recortarlas, las obras de infraestructura y de servicios a la población y sostener la continuidad de las inversiones públicas esenciales en nuestras provincias para acabar con históricas asimetrías.
La obra pública mejora la calidad de vida de la gente y potencia las posibilidades productivas de cada región.
Es una discusión ya saldada en nuestro país que es imprescindible el apoyo del Gobierno Federal para que nuevas infraestructuras locales se puedan desarrollar y para que sea posible sostener las ya concretadas.
Cualquier pretendido plan económico que vaya en sentido contrario a las inversiones públicas produce siempre gravísimos perjuicios en nuestras provincias. Y eso no lo vamos a avalar jamás.
Estamos en un momento de la historia en el que la República Argentina tiene la enorme posibilidad de proveer al mundo de alimentos, energías renovables y minerales estratégicos y de hacer fuertes aportes a la economía del conocimiento.
La obra pública y los derechos coparticipables son indispensables para dejar atrás asimetrías e injusticias históricas. Y son producto de leyes fundamentales para el desarrollo social y económico de nuestras comunidades.
Esas políticas representan una mejora significativa en las condiciones de vida de nuestros habitantes y se materializan en puestos de trabajo registrados y en un notorio fortalecimiento del arraigo territorial.
Al mismo tiempo, significan una mejora en la competitividad de los sectores productivos, promueve el desarrollo de proveedores locales, repercuten muy favorablemente en el imprescindible agregado de valor en origen y facilita la sustentabilidad de los medios de producción. Conllevan, también, un trascedente impulso para las exportaciones desde las economías regionales, lo que fortalece el ingreso de divisas en nuestro país.
La República Argentina es la suma de los Estados Provinciales que la componen. Las Argentinas y los Argentinos tienen los mismos derechos a lo largo y a lo ancho de toda la Patria.
Vicegobernadoras y vicegobernadores de las provincias de: Buenos Aires, Verónica Magario; Catamarca, Rubén Dusso; Chaco, Analía Rach Quiroga; Chubut, Ricardo Sastre; Entre Ríos, María Laura Stratta; Formosa, Eber Solís; La Rioja, María Florencia López; La Pampa, Mariano Fernández; San Juan, Roberto Gattoni; San Luis, Eduardo Mones Ruiz; Santa Cruz, Eugenio Quiroga; Santa Fe, Alejandra Rodenas; Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; Tucumán, Osvaldo Jaldo; Salta, Antonio Marocco; Jujuy, Carlos Haquim y Río Negro, Alejandro Palmieri.